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El negocio de la limpieza
Se estima existen más de 200 empresas de limpieza en Uruguay que dan empleo a 22.000 personas y facturan US$ 110 millones; el Estado es el principal cliente, pero los privados pagan mejor
 Se encargan de hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Limpian hasta la última dependencia estatal, además de edificios, aeropuertos, centros comerciales, bancos, supermercados, plantas industriales, fábricas, plazas, oficinas y sanatorios, entre otros espacios físicos. Las empresas de limpieza en Uruguay facturan unos US$ 110 millones al año y emplean a 22.000 operarios.
En el país se estima que existen más de 200 firmas del rubro, desde pequeñas empresas familiares hasta multinacionales de peso. En su mayoría se trata de compañías de mediano porte, que tienen entre 50 y 150 operarios. A diferencia de otros rubros, el crecimiento de una firma de este sector es mucho más vertiginoso y acelerado, ya que prácticamente se "vende" mano de obra.
 El grueso del negocio -que concentra a la mayoría de las firmas- se focaliza en la "limpieza básica" de oficinas (públicas y privadas), fábricas y edificios. Sin embargo, existen aquellas que se dedican exclusivamente a cubrir determinados nichos, por las que se paga más. Es así que surgen las empresas de limpieza de vidrios exteriores en altura, sanatorios (para trabajar allí se requieren cursos especiales para el personal), limpieza de moquetes, alfombras y cortinas, plantas industriales específicas (como frigoríficos o pasteras), limpieza de obra o de incendios y hasta mantenimiento de jardines y espacios verdes. Incluso están las que anexan el servicio de portería al personal de limpieza de edificios, como valor agregado.
El Estado es el principal cliente de las empresas de limpieza representando más de 70% de la facturación. El sector atiende ministerios, centros de salud pública, intendencias, entes autónomos, hasta llegar a la más pequeña y remota dependencia pública.
En el ámbito privado los aeropuertos, bancos, oficinas, edificios, supermercados, centros comerciales, de salud y plantas industriales, entre otros, son los principales clientes.
 El panorama es variopinto entre las más de 200 firmas del sector; desde micro empresas familiares que atienden a solo un cliente hasta compañías locales y multinacionales de gran porte. Actualmente son tres las empresas extranjeras instaladas en Uruguay: la danesa ISS -que desembarcó en 2003 con la compra de la local Sansol- la española Eulen y la argentina Taim.
Dentro del sector no existe un liderazgo absoluto y el líder del mercado, el grupo Perrone, no supera el 10% de participación. Este pool -liderado por el empresario Sergio Perrone- emplea a 2.000 personas entre sus diversas unidades de negocio.
Su principal empresa, Perisol (1.000 empleados), tiene quince años en el mercado y atiende exclusivamente a instituciones privadas como Movistar, Roche y Cutcsa, entre otras. A su vez, el empresario maneja otras tres unidades de negocio abocadas a trabajar para el Estado.
En participación de mercado le sigue Ecolux, con casi mil operarios (aunque perdiendo terreno últimamente), la española Eulen (700 empleados) y la danesa ISS (500 trabajadores). En su mayoría las multinacionales trabajan con privados, a pesar de ser el Estado el mayor comprador de este servicio.
"Las multinacionales son grandes, pueden comer el mercado y tienen capital para hacerlo, pero el tema es que el grueso de los clientes, es decir el Estado, busca lo más barato", explicó Carlos Repetto, director de la empresa de limpieza Perfil y presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Limpieza y Afines del Uruguay (Ceslau), que agrupa a siete compañías y fue creada en mayo del año pasado con el objetivo de independizarse de la cámara tradicional del sector, APEL (Asociación de Patronos de Empresas de Limpieza).
Jackson y Brill, ambas quebradas tras la crisis de 2002, fueron las precursoras en Uruguay en la década de 1970, cuando surgía con fuerza dentro del Estado la necesidad de tercerizar el servicio que, a esa altura, era un caos producto del alto ausentismo y la imposibilidad de despido por tratarse de funcionarios públicos. Entre las dos supieron acaparar más de 80% del mercado, trabajando tanto para oficinas públicas como privadas.
El cierre y apertura de empresas de limpieza por parte de un mismo empresario, así como el manejo de varias compañías de un mismo grupo, resulta una práctica común dentro del sector. Para el presidente de Ceslau el objetivo de tales prácticas es la evasión de las obligaciones.
"La empresa no paga sus obligaciones, se funde y al tiempo abre otra y vuelve a empezar como si nada", enfatizó Repetto, quien justificó la creación de la nueva cámara para "terminar con las irregularidades que fomentan la mala imagen".
En cambio, para el director de Perisol, Perrone, que trabaja con más de una empresa en el rubro, el principal objetivo de tal práctica es la de diversificar el riesgo y cubrir varios nichos, con empresas de distinto perfil según la demanda del cliente.
"Después de ver el desenlace fatídico de dos empresas como Brill y Jackson aprendí que había que diversificar el negocio. Mañana viene una crisis en el Estado y voltea a toda la empresa", explica.
Amén de esto, los controles se han incrementado desde el Estado, con exigencias tales como años de antigüedad o importantes depósitos de garantía, además de la reciente ley de tercerizaciones, que contribuyó a regularizar el sector.
Antel y el Banco de Previsión Social fueron dos de las empresas del Estado que debieron asumir los costos por incumplimiento de la empresa contratada, en el caso de la primera, tras la quiebra de la cooperativa Luna el año pasado.
Según los actores del mercado consultados por El Empresario, el Estado paga menos que el sector privado, debido a que, en la mayoría de los casos, se guía fundamentalmente por el precio más bajo para contratar. De esta forma, para la Ceslau el Estado avala la informalidad. "Más del 50% de las veces adjudica por debajo del costo hora-hombre. O sea que el Estado ya sabe de antemano, cuando contrata, que lo están engañando", arguye el presidente de la cámara.
Perrone, si bien reconoce que existe informalidad en el sector, considera que cotizar a dependencias estatales por un precio bajo no implica estar en la informalidad. "Hay empresas más eficientes, que administran mejor sus recursos, tienen otra estructura de costos y deciden tener menos utilidad", remata, en contraposición a las multinacionales.
Según aseguran en la Ceslau, 70% del presupuesto de las empresas se va en salarios, 8% está destinado a materiales y la rentabilidad bordea 9%.
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