| MIRANDA DE EBRO | 06/03/2005 | Fuente: EL CORREO DIGITAL | Volver Atrás |
Los servicios de Salud Pública de la Junta abrieron durante el pasado año expediente contra un total de 45 bares, restaurantes y tiendas de alimentación por infringir las leyes de manipulación de comestibles. Todas las sanciones fueron consideradas como leves, pero, en función de cada caso, han podido llegar a alcanzar los 600 euros de multa.
La mayoría de las irregularidades detectadas tienen que ver con la falta de limpieza en cocinas y almacenes así como por la venta de pinchos en la barra sin que los platos se encuentren protegidos por una cámara frigorífica o por una tapa de plástico. La normativa de Sanidad establece la obligación de que los alimentos a la venta se encuentren aislados para impedir que los microbios puedan provocar una intoxicación entre los clientes.
Los mirandeses pueden estar tranquilos en este sentido. El estudio que han efectuado los veterinarios encargados de vigilar este sector constata cómo en 2004 los establecimientos cumplieron «casi al dedillo» la legislación vigente. De hecho, cursaron un total de 2.399 inspecciones en los 640 pequeños negocios del sector de alimentación. Sólo detectaron anomalías en medio centenar de establecimientos. Las cifras se mantienen en unos niveles muy similares a los del anterior ejercicio.
Aplicación de la ley
«La calidad de los comestibles que llegan a la mesa se puede considerar como buena en general», detallaba una funcionaria de la Junta. Los inspectores sólo muestran cierto recelo por la limpieza y el orden, así como por las formas poco rigurosas en las que exhiben sus productos. Aunque la ley establece que algunas infracciones muy graves podrían alcanzar sanciones económicas en torno a los 600.000 euros, en los casos detectados en Miranda no se supera en ninguno de ellos los 600 euros
Los veterinarios realizan unos rigurosos exámenes a todos los establecimientos. Los expedientes tramitados en la ciudad tienen mucho que ver con una incorrecta manipulación de los alimentos perecederos y que «se salten a la torera» la adecuada limpieza de cocinas y el orden en sus almacenes así como en los baños públicos. «Nosotros tratamos de que la gente sepa que existe la ley, que la entiendan y que, además, la cumplan. Antes de abrir un acta se les da un plazo para que corrijan determinadas actitudes», sostienen los responsables de esta vigilancia.
El equipo de Salud Pública visita de improviso y con cierta periodicidad cada uno de estos establecimientos mirandeses. «Tenemos un fin más educativo que recaudatorio», puntualizan. Su labor consiste en hacer un seguimiento continuo y tratar de inculcar los hábitos que deben seguir por la seguridad de sus clientes y la suya propia. «Nos dedicamos a concienciar de que deben tenerlo todo en orden», añaden. Hasta el momento parece que mantienen intactos sus objetivos ya que durante todo el año pasado no se presentó ninguna denuncia por intoxicación alimenticia.
El resto de las inspecciones se reparten entre carnicerías, pescaderías, panaderías, supermercados y otros comercios que venden o manipulan alimentos perecederos. Entre sus cometidos figura también la vigilancia de todo lo que ocurre en las industrias cárnicas, almacenes o tiendas de productos elaborados. El listado también incluye a los comedores colectivos, tanto los de centros escolares como los de residencias de ancianos o el hospital comarcal Santiago Apóstol.
La labor de los veterinarios se intensifica, incluso, en épocas de año como el verano, cuando mayores riesgos se corren por el efecto del calor. La última campaña que han efectuado fue en otoño, para comprobar si en Miranda se cumplía la nueva normativa. «De cara al público todos los establecimientos están bien, pero no se cuidan tanto los espacios que no ven los clientes», aseguran.
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