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ALICANTE | 06/05/2005 | Fuente: LAVERDAD.ES Volver Atrás

Se rebaja la pena al inspector de trabajo de Ardystil por el uso de disolventes tóxicos en la limpieza de pistolas

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El alto tribunal anula la condena de seis meses de prisión para Alfredo Ortolá y la sustituye por una multa de 500 euros por los disolventes empleados en la limpieza de las pistolas que se utilizan en la empresa téxtil para pintar o extampar,  impidiendo, así , cobrar a 44 afectados

 

 

El caso Ardystil ha terminado. El Tribunal Supremo ponía ayer fin a un largo proceso judicial iniciado hace más de 13 años, con una sentencia que contentó a muy pocos. La sala de lo Penal desestimaba en un documento de más de 100 páginas casi todos los recursos presentados contra el fallo judicial emitido por la Audiencia Provincial en junio de 2003. Únicamente en el caso del inspector de trabajo, Alfredo Ortolá, hubo cambios sustanciales. La sala decidía cambiar la pena de seis meses de prisión impuesta al funcionario por el pago de una multa de 500 euros, al considerar que su «imprudencia» tan sólo constituyó una falta.

Casi un mes después de haber acabado las deliberaciones, el Tribunal Supremo (TS) notificaba ayer a las 13.30 horas la sentencia sobre el caso Ardystil. En el fallo judicial se contestaba a los recursos de 47 afectados, ocho empresarios, dos firmas de aerografía, el inspector de trabajo Alfredo Ortolá y la propia Generalitat.

En su decisión, los magistrados asestaban un duro golpe a las víctimas del síndrome al limitar la responsabilidad del inspector de trabajo a los casos producidos en la empresa Ardystil. Además, se desestimaba la pretensión de las acusaciones particulares de convertir al Estado en responsable civil subsidiario de cara a todos los afectados.

De este modo, el TS dificulta que 44 afectados que no trabajaron en Ardystil puedan cobrar sus indemnizaciones, ya que los condenados son insolventes y la única entidad que puede pagar es la Generalitat como responsable civil subsidiario de Alfredo Ortolá.

El caso se abrió en el año 1992, tras producirse la muerte de seis trabajadores empleados en empresas de aerografía textil de Alcoi y Muro y registrarse afecciones pulmonares en otros 62. Por estos hechos, la Audiencia condenó en el año 2003 a la propietaria de Ardystil, Juana Llácer, a seis años de prisión. A los dueños de Aeromán, Aerografía Textil, Aerotex, Aeroreig y Aerobrix se les imponía el pago de multas y diez días de arresto.

En su sentencia, la Audiencia consideraba al inspector de trabajo culpable de un delito de imprudencia temeraria. Según los magistrados, el funcionario actuó negligentemente al no detectar durante una inspección la falta de medidas de seguridad en la empresa de aerografía Ardystil.

El TS considera, sin embargo, que Ortolá tan sólo cometió una falta, ya que su culpa fue «inconsciente». El alto tribunal señala que en la aparición del síndrome influyó de forma decisiva «los productos que se utilizaban» para la estampación aerográfica «y que posteriormente se cambiaron», así como los disolventes empleados en la limpieza de las pistolas empleadas para pintar, «lo que no era previsible para el acusado en el momento de visitar la empresa». Todo ello induce a rebajar la gravedad de la imprudencia cometida «por omisión».

El alto tribunal considera, eso sí, que el inspector actuó negligentemente al omitir voluntariamente «su deber de advertir» a los trabajadores «del riesgo» existente ante la falta de medidas de seguridad. Los magistrados consideran que el funcionario estaba autorizado por sus superior para que actuara en la empresa Ardystil, después de que ésta hubiera sido denunciada por su situación de clandestinidad. Sin embargo, Ortolá tan sólo abrió un acta de infracción en materia de Seguridad Social «e hizo caso omiso de las condiciones y bajo qué medidas de seguridad realizaban sus funciones los trabajadores de la empresa que visitó», señala la sentencia.

El fallo judicial recuerda que la propia situación de clandestinidad de Ardystil hacia presuponer «unas condiciones laborales precarias en todos los aspectos, incluida la seguridad», por lo que «resultaba aconsejable» que Alfredo Ortolá hubiera ejercido «las competencias que en seguridad e higiene corresponden a los inspectores de trabajo».


El TS rechaza también que la falta haya prescrito, tal y como pretendía la defensa en su recurso. En este aspecto, el tribunal entiende que el proceso se abrió poco después de producirse la primera muerte en febrero de 1992 y que los plazos han de fijarse desde que aparecen los resultados de la conducta imprudente.

Durante el juicio celebrado durante dos meses en la Audiencia Provincial de Alicante quedó patente la falta de medidas de seguridad en las empresas, entre ellas el uso de mascarillas o la utilización de sistemas de ventilación. Los gases tóxicos producidos por los productos químicos empleados para la estampación con pistola, así como el mal uso de disolventes parala limpieza de estas, provocó en los trabajadores bronquitis obliterante con neumonía organizada (BONO) y fibrosis pulmonar.

Cinco millones de euros

Excepto en el caso del inspector del trabajo, el TS ha confirmado todas las penas impuestas a los empresarios, incluidos los seis años de cárcel para Juana Llácer. Mantiene también el pago de 5.418.293 euros para los afectados. En este sentido, se ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat, responsable civil subsidiario del inspector de trabajo y que, según las acusaciones particulares, debe pagar más de dos millones de euros.

Del total de las indemnizaciones, la Generalitat pagó ya a principios de año más de un millón de euros a 21 afectados de Ardystil y a los herederos de cinco fallecidos. Otros 44, sin embargo, difícilmente podrán ser resarcidos ante la insolvencia de los condenados.

El Supremo también ha modificado la obligación del propietario de Aerobrix, José Vercher, de indemnizar a Patricia Marín, al aceptar la tesis del fiscal de que la empleada enfermó en Ardystil.

En cuanto a las dilaciones indebidas alegadas por la defensa de Juana Llácer, el TS justifica los 11 años de instrucción al hacer referencia a la «complejidad de los hechos» y al número de víctimas. «Las costas serán de oficio y las indemnizaciones, en principio, no cambian. Pero hay más de 40 afectados que no cobrarán porque no trabajaron en Ardystil y quienes les deben indemnizar son insolventes. En principio la valoración de la sentencia es mala, porque la Generalitat no será responsable civil subsidiaria en todos los casos. Esperábamos más. Se puede ir al Constitucional, pero es difícil». Fuentes cercanas al caso señalaron que «el Supremo deja claro que la Generalitat sólo puede ser responsable civil subsidiario respecto a los perjudicados de Ardy

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