Se trata de sendos contratos adjudicados a las compañías Athena Seguridad y Seralia, ambas pertenecientes al grupo del empresario leonés.

En este caso, y según relata el mencionado grupo empresarial, el consejo de administración de la entidad de ahorro adjudicó hace apenas tres meses la seguridad por 2,7 millones y la limpieza de las sedes por 4,1 millones a las compañías de Ulibarri.

La adjudicación vino precedida por un informe que encargó la entidad financiera a una consultora. Curiosamente, en este texto se aconsejaba a otra empresa como responsable de la seguridad, la que venía realizando la labor hasta este momento.

Se trataba del Grupo Eulen, cuya oferta era 100.000 euros superior, pero tenía a su favor varios factores. Para empezar había desarrollado de forma satisfactoria ya esta función. Para seguir, cumplía el requisito de poseer oficinas propias en las ciudades en las que la Caja tiene sedes, imprescindible por ley.

La compañía del empresario leonés, en cambio, no las tiene, por lo que, siempre según la versión del citado grupo de comunicación, se ha visto obligada a subcontratar dicho servicio a otra compañía. Otro tanto ha sucedido con la adjudicación que se ha llevado la compañía Seralia, también perteneciente al grupo Begar, que limpiará la mayoría de sedes de Caja España.

Este no es el primer caso en el que una adjudicación al grupo de Ulibarri ha llegado hasta los medios de comunicación por su relación de amistad con el adjudicatario o los fallos en la gestión.

En lo referente a las adjudicaciones de seguridad y limpieza de Caja España, el rotativo del grupo editorial Promecal señala directamente a su íntima relación de amistad con el concejal no adscrito José María Rodríguez de Francisco, que hasta la próxima asamblea de la entidad financiera continúa siendo miembro de su Consejo de Administración.

Otra de las adjudicaciones que señala el citado grupo es la última que ha obtenido el empresario leonés. Se trata de la del proyecto y la ejecución de las obras de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Polígono de San Cristóbal por un total de 5,4 millones de euros, lo que produce extrañeza dado que la oferta presentada por Begar era en este caso la más cara. De hecho, superaba en un total de 300.000 euros la oferta de la siguiente concursante, Acciona, y en casi 900.000 a la más barata, en este caso Indeza.

La decisión de dar al grupo de Ulibarri la adjudicación estaba basada en criterios estéticos, pero también de funcionalidad, calidad de los materiales y del proyecto, según explica el citado grupo.

Otra adjudicación bajo sospecha, según el grupo Promecal, es la de la Casa de Colón. En esta caso concurrían tres empresas en total, pero Ulibarri consiguió ser el que realizase las obras porque el Consistorio decidió que el punto que más debía valorarse a la hora de calificar los proyectos presentados era «la fecha de entrega». La adjudicación estaba dotada con 1,5 millones de euros y se da la circunstancia de que no llegó a finalizarla a tiempo.

En lugar de imponerle la pertinente sanción por incumplimiento de la fecha prevista, en este caso la compañía de Ulibarri resultó beneficiada con el encargo de la ampliación de actividades prevista en el pliego de condiciones del concurso. Es decir, que incumplió las condiciones y se llevó una ampliación del mismo proyecto por valor de 934.397 euros, según los medios del grupo Promecal.

El presidente del Grupo Begar también aprovechó su red de amistades para introducirse en el mundo de los medios de comunicación por medio de la plataforma Retecal. Junto a Hidrocantábrico y Caja España, Ulibarri creó la plataforma y su gestión al frente de la misma la condujo a una lenta agonía. Aún así, se le señala como el único ganador del hundimiento, ya que mientras sus socios luchaban por salir bien parados, el empresario leonés resultó agraciado con una serie de licencias de Frecuencia Modulada, cargando la parte proporcional a los socios de Retecal. Los contínuos enfrentamientos con Caja España e Hidrocantábricos obligaron a vender el ente, y Ulibarri aprovechó para adquirir en propiedad una tele a precio «de saldo», según Promecal.

La rehabilitación de este complejo de 706 viviendas también ha suscitado las críticas. El proyecto, adjudicado a la compañía de Ulibarri por un montante total de 4,5 millones de euros fue comenzada en octubre de 2004 y preveía un plazo de ejecución máximo de 25 meses. Además de la disconformidad de los vecinos de Burgos, las críticas vienen dadas por el hecho de que no las va a terminar a tiempo de cumplir el plazo.

También en Valencia parece tener amigos el polémico empresario. Y entre ellos, se destaca su relación con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, y con el empresario de la comunicación, Antonio Martín Beaumont, con el que ha agrupado en la sociedad Mediamed Comunicación Digital, seis de los adjudicatarios de licencias de TDT en esta comunidad. Dicha empresa no tiene ninguna Televisión Digital Terrestre de manera directa, pero sí a través de sus firmas asociadas.